julio 30, 2025
En Colombia, el contrato de aprendizaje ha sido durante años una herramienta fundamental de articulación entre la educación y el trabajo. Miles de empresas han recurrido a esta figura para contribuir a la formación práctica de estudiantes técnicos y tecnológicos, al tiempo que desarrollan talento joven dentro de sus procesos.
Sin embargo, con la propuesta de reforma laboral 2025, el contrato de aprendizaje ya no será igual. El Gobierno Nacional ha planteado modificaciones sustanciales a esta modalidad de vinculación, en línea con su política de trabajo decente y protección de los derechos fundamentales del aprendiz. Estas transformaciones implican mayores compromisos para las empresas que acuden a esta forma de contratación.
A continuación, explicamos en detalle qué es el contrato de aprendizaje, cómo ha funcionado hasta ahora, qué propone la reforma de 2025 y qué impacto tendrá sobre las empresas.
El contrato de aprendizaje está regulado por la Ley 789 de 2002, y ha sido concebido como una forma especial de vinculación, de carácter formativo, que no genera relación laboral. A través de él, estudiantes de programas técnicos, tecnológicos y profesionales tienen la oportunidad de complementar su formación académica con práctica en una empresa.
Esta figura ha sido muy útil para empresas que buscan apoyar la formación de nuevos profesionales y, al mismo tiempo, contar con apoyo en sus procesos a un costo relativamente bajo.
La propuesta de reforma laboral 2025, presentada por el Gobierno al Congreso, introduce ajustes significativos al contrato de aprendizaje, con el objetivo de garantizar condiciones más dignas para los aprendices y limitar el uso de esta figura como sustituto de empleo formal.
Los cambios propuestos, que aún están en discusión legislativa, incluyen:
Aunque el contrato seguirá teniendo carácter formativo, el proyecto propone que el aprendiz tenga derecho a prestaciones sociales proporcionales, como cesantías, intereses a las cesantías y prima de servicios, siempre que cumpla jornada en la empresa.
Esto implicaría un aumento en los costos prestacionales para el empleador, acercando esta figura a un contrato laboral ordinario en términos de obligaciones económicas.
El proyecto sugiere que la compensación mensual para el aprendiz no podrá ser inferior al 80 % del salario mínimo, sin diferenciar entre etapa lectiva y productiva.
Esto elevaría sustancialmente el costo mensual de tener un aprendiz, que pasaría de recibir entre $650.000 y $975.000 (valores aproximados en 2025) a un valor fijo cercano a los $1.160.000, si se aprueba esta disposición.
En la actualidad, la empresa solo aporta a salud y riesgos. Con la reforma, se obligaría también a afiliar al aprendiz a pensión, lo cual representa una nueva carga para el empleador.
Además, se propone exigir registro del aprendiz en la nómina electrónica, aumentando el control y supervisión del cumplimiento por parte de la DIAN y el Ministerio del Trabajo.
El proyecto reitera que el contrato de aprendizaje no podrá utilizarse para suplir funciones permanentes, ni podrá cubrir vacantes estructurales dentro de la empresa. La finalidad debe ser exclusivamente formativa, con acompañamiento y supervisión por parte del empleador y la institución educativa.
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De aprobarse estas modificaciones, las empresas tendrán que repensar el uso del contrato de aprendizaje, ya que los beneficios económicos y operativos que ofrecía esta figura se verán reducidos.
Actualmente, el costo promedio de un aprendiz (entre compensación, salud y ARL) oscila entre $850.000 y $1.000.000. Con la reforma, ese costo podría superar los $1.400.000, considerando prestaciones, pensión y mayor compensación.
Será indispensable ajustar los modelos de contrato de aprendizaje y revisar los convenios con instituciones educativas. También se deberá designar un responsable de seguimiento y cumplimiento del plan formativo.
El Ministerio del Trabajo tendrá nuevas herramientas para sancionar a las empresas que usen indebidamente esta figura o incumplan con los aportes prestacionales. Las sanciones podrán incluir multas y la pérdida de beneficios tributarios.
Es probable que muchas empresas, ante el aumento de los costos y cargas administrativas, decidan reducir el número de aprendices vinculados, afectando la función social y formativa de esta figura.
Aunque la reforma aún está en trámite legislativo, es recomendable que las empresas se preparen desde ya para una eventual aprobación. Algunas acciones clave son:
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El contrato de aprendizaje, tal como lo conocíamos, está en proceso de transformación. La reforma laboral 2025 busca darle un enfoque más protector, con derechos mínimos para los aprendices y mayores obligaciones para las empresas. Esto representa un cambio profundo que requiere preparación jurídica, financiera y operativa.
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